Dirigido por Diego Lorente y Lucía Alonso, de SOS Racismo y CEAR respectivamente,  este informe señala que la acción de las autoridades españolas ante el clima de racismo creciente sigue siendo deficiente, y en ningún caso prioritaria. La lucha contra el racismo sigue ocupando uno de los últimos lugares de la agenda política.

La conclusión de este informe, evaluando todos los ámbitos y casos registrados, es que sigue creciendo el racismo y la xenofobia en España, a la par que van reforzándose prejuicios y estereotipos discriminatorios en la sociedad española. Unos prejuicios que afectan, desde hace mucho tiempo al pueblo gitano, y desde hace relativamente menos tiempo, desde que su presencia es significativa, a las personas extranjeras. Van surgiendo también nuevos grupos de víctimas, como los hijos ya españoles de las personas extranjeras que han llegado hace años al país. Nada nuevo si lo comparamos con la evolución del fenómeno en otros países europeos, pero de cuya experiencia nada parece querer aprender las autoridades españolas. Durante el año 2006, el Gobierno ha estado muy ocupado invirtiendo todo su esfuerzo político y logístico en fortalecer las fronteras y evitar la llegada de flujos migratorios, discriminando así la “menudencia” de la protección y el respeto de aquellos que pretenden o consiguen entrar en territorio español.
 
Frente a esta realidad de mayor discriminación, no sólo en las fronteras, sino en el día a día, con casos frecuentes de racismo, tanto directo como más sutil, en acceso al trabajo, en educación, vivienda, en el acceso a la salud y otros servicios públicos. Sigue sin crearse el organismo especializado de lucha contra el racismo, ni a nivel estatal ni local ni regional. Por otra parte, se observa una falta de denuncia social contundente de las discriminaciones racistas, sobre todo  por parte de los medios de comunicación, pero también por la de algunas organizaciones sociales que, en el desarrollo de sus tareas de sensibilización, subestiman la necesaria acción de denuncia y recopilación de datos, y no la realizan. Muchas de ellas se han convertido en organismos de gestión, subvencionadas por las autoridades y, por consiguiente, restringidas y condicionadas por las mismas en el desempeño de su función.

Con respecto al apartado “violencia y crimen racista”, el Informe reclama, por ejemplo, que los policías lleven siempre el número de placa en su uniforme, a la vista de cualquiera para mejorar la puesta de denuncias; una formación adecuada de los miembros de seguridad, tanto públicos como privados, para que, al mismo tiempo que proporcionen un trato digno e igualitario a los ciudadanos, sepan reconocer la dimensión racista de ciertos delitos y faltas cuando las víctimas se dirijan a la comisaría a interponer las respectivas denuncias.

 También se resalta que en el marco de la lucha contra el terrorismo y evitar la islamofobia, es preciso que las autoridades impulsen un proceso de acercamiento y conocimiento mutuo entre los distintos grupos humanos y las diversas confesiones religiosas, de modo que desparezcan los prejuicios y las asimilaciones erróneas entre el Islam y el terrorismo internacional.

El informe al completo se puede consultar en la web confederal, en el apartado de Igualdad - inmigración.