El pasado 7 de mayo de 2008 el Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea debatió por segunda vez el texto propuesto en 2005 para cambiar la directiva de retorno de emigrantes sin permiso de residencia, y por segunda vez no se alcanzó el acuerdo necesario para aprobar la reforma (mayoría cualificada). 

El texto, que pretendía unificar las políticas de retorno, de haber salido a delante habría tenido efectos muy diferentes sobre las garantías de las personas migrantes “sin papeles” según el país receptor en el que viven: si bien supone más garantías en los países donde ahora pueden ser detenidos indefinidamente y expulsados por simple declaración verbal ( Gran Bretaña, Suecia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Malta y Holanda), es menos garantista en los países que disponen de una legislación más proteccionista en este sentido (España, Italia y Francia).

 Las garantías que se verían recortadas por este texto en los países con legislación más proteccionista son:
• Incremento del tiempo máximo de detención: el límite que está puesto en 6 meses, con la exigencia de una revisión judicial mensual, se eleva a 18 meses.
• La orden judicial dejaría de ser requisito previo para la detención.
• Los menores no acompañados podrían ser detenidos, internados y expulsados.

 Organizaciones nos gubernamentales, asociaciones, sindicatos y otros agentes de la sociedad civil organizada se han revelado contra la directiva propuesta por considerar que atenta contra los derechos fundamentales de las personas. Todos los grupos políticos del parlamento europeo, excepto el Partido Popular Europeo, se han pronunciado contra la directiva por los mismos motivos y han anunciado que si finalmente sala hacia delante el Parlamento Europeo exigirá en contrapartida sus reivindicaciones, que abogan por un trato más favorable y más garantista para los inmigrantes en situación irregular.

 Sin embargo, los gobiernos de los países miembros de la Unión Europea tienen un posicionamiento diferente: la falta de acuerdo que ha impedido por segunda vez que la directiva sea aprobada se debe a que los recortes les parecen insuficiente, todos quieren menos garantías. Así es, la Europa de las civilizaciones, la que presume de ser cuna del estado derecho y de la democracia, la que presume de guardiana de la declaración Universal de los derechos humanos, la que presume de constituciones y sistemas políticos estables, la que presume de bienestar social, etc., está gobernada por gentes que no quieren compartir sus derechos con otras gentes.

 La Unión Sindical Obrera se declara en sintonía con todas las organizaciones que ya se han pronunciado contra esta directiva atenta contra los principios de la Declaración Universal de los Derechos humanos y contra los principios y el espíritu de la Constitución Española de 1978, porque sabemos lo que significa emigrar a otro lugar, porque sabemos lo difícil que es sobrevivir un sistema totalitario, porque consideramos que todas las personas deben ser iguales ante la ley y porque creemos en la democracia y queremos seguir siendo un país democrático.

Ninguna persona es ilegal.