El 102º Consejo Confederal, máximo órgano entre consejos, ha coincidido en señalar que la situación económica de España es de recesión y crisis, y que los trabajadores de todos los sectores de actividad están sufriendo las consecuencias ante la falta de políticas económicas, laborales y sociales que les protejan de la recesión generalizada.

Julio Salazar ha destacado que cuando se cumplen los 100 días de gobierno de Zapatero, “no hay políticas contra la crisis y ya tenemos las consecuencias sobre el desempleo; sólo tenemos una foto con los agentes sociales que aseguran que van a poner en marcha el diálogo social sin que se sepan los contenidos ni la vía de avance”.

Al respecto, ha añadido: “no se sabrá nada hasta el 31 de julio, sin embargo, nuestra preocupación es actual y grande: lo que pasa con el desempleo, el encarecimiento de los productos básicos y energéticos y las hipotecas”.

Sobre la concertación social.
Salazar mostró su preocupación sobre las consecuencias sociales que ya ha provocado la crisis económica y su recelo por que el diálogo social dé frutos: “no esperamos mucho de la concertación social; y ya sabemos que los concertantes ha ido a socavar los derechos de los trabajadores en momentos de bonanza, por lo que en crisis, más allá de alardes oratorios, mucho nos tememos que las dificultades van a recaer sobre las espaldas de los trabajadores”.

“Nosotros no queremos nuevos recortes de los derechos sociales, pero los datos nos dicen que en España, el gasto social es siete puntos inferior al europeo”, apuntó el Secretario General. Lo que el sindicato espera, y por ello va a trabajar, es que no prosperen las normativas, como la directiva europea de ampliación de la jornada laboral, que “es un torpedo contra la línea de flotación del derecho laboral europeo y atenta contra la conciliación de la vida familiar y laboral”.

En este sentido, Salazar apuntó que “llevaremos al Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos nuestra propuesta de que se adopten iniciativas contundentes y se incida sobre los parlamentarios que no están convencidos de que la directiva debe ser retirada”.